Ante la pasividad de autoridades mexicanas, ONGs y ONU-DH crean observatorio de la tortura en México
Por UAM Cuajimalpa a las 02:11 pm
Organizaciones de la sociedad civil y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) presentaron ayer la plataforma ‘Observatorio contra la tortura’, la cual denuncia las carencias en la implementación de la Ley General contra la Tortura en México. La nueva herramienta, alojada en el portal www.sintortura.org, expone con datos e interpretaciones las deficiencias federales y estatales en la aplicación de esa ley, que aprobada en 2017 busca prevenir que el Estado utilice la tortura para obtener pruebas o confesiones.
“Sabemos que, en los últimos años, los organismos internacionales de derechos humanos que han revisado la situación de la tortura en México han constatado que es un fenómeno generalizado”, explicó el responsable de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab.
Todavía según las cifras públicas, una tercera parte de las personas agredidas aseguraron haber sido objeto de algún método de asfixia y a una quinta parte se le infligieron descargas eléctricas.
Lucía Chávez Vargas, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), relató que el portal, cuya elaboración tomó un año, nace para monitorear y evaluar la actividad de las autoridades, ya que, precisó que la tortura continúa siendo una práctica en el país y en total impunidad.
Para medir hasta qué punto los tratos degradantes son habituales y exentos de responsabilidades, en la web se presenta la información recopilada distribuida en diez parámetros distintos, conformados a partir del análisis de más de veinticinco indicadores.
Todos los datos disponibles en la plataforma fueron conseguidos o bien gracias a la información publicada por las instituciones implicadas o mediante solicitudes tanto a la Fiscalía General como a las de las diferentes entidades federativas.
Las cifras recopiladas exponen graves carencias judiciales, como demuestra, por ejemplo, el hecho de que durante el año 2018 se iniciaron mil 248 expedientes de investigación por delitos de tortura y, sin embargo, solo se dieron dos sentencias condenatorias; a nivel estatal no hubo ninguna condena.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes requiere que cada entidad federativa cree una fiscalía particular para perseguir la tortura, pese a que hay un transitorio que autoriza a que, por cuestiones de presupuesto, operen entidades de un menor rango pero también especializadas.
Según informó Stephanie Erin Brewer, miembro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en el 2019 cumplen al menos con el transitorio: solo diez estados, una tercera parte del país, mientras que, diez entidades federativas no tienen ningún organismo parecido.
De todos los casos abiertos de 2014 a 2018, solo 100 personas, es decir, el 1 por ciento, pudo tener una reparación integral por parte de las autoridades y de acuerdo a lo que establece la Ley, reveló Natalia Pérez Cordero, de la ONG Fundar.
Pérez puso el acento también en el bajo presupuesto dedicado a prevenir, investigar y sancionar la tortura, ya que, en sus palabras, con esas partidas “pareciera que la tortura no es un eje prioritario en la gestión de la justicia”.
“El presupuesto previsto para la fiscalía federal especializada en torturas para 2020 es de 750 mil pesos. Menos del 1por ciento de lo que se destina a la Guardia Nacional”, denunció.
La activista Lucía Chávez coincidió con su compañera, pero recordó que «para investigar quince mil denuncias nunca hay número suficiente de funcionarios», y pidió la creación de equipos que impulsen “investigaciones de contexto”.
Con Información de Periodistas Unidos
Imagen tomada de Periodistas Unidos