04 Jul 2019/ Miscelanea

Consejal de Brasil se inspira en políticas de Alabama y se suma a la ofensiva para dificultar el aborto legal

Por UAM Cuajimalpa a las 04:07 pm


Brasil permite que las mujeres aborten en tres situaciones muy específicas: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando peligra la vida de la mujer o cuando el feto es anencefálico. En cualquier otro supuesto, la interrupción se considera un delito y las penas llegan hasta tres años de cárcel para la gestante y de cuatro para el médico.

Para políticos conservadores, esos derechos constitucionales son excesivos y deben restringirse. Animados por la ola que llevó al presidente Jair Bolsonaro al poder, congresistas de varias religiones, seducen con proyectos para limitar los derechos de las mujeres y utilizan el tema del aborto para movilizar a sus bases, en un movimiento que llega ahora a la Cámara de los Concejales de São Paulo.

Inspirado en el endurecimiento de las leyes sobre el aborto en algunas regiones de Estados Unidos, como Alabama, el concejal Fernando Holiday, miembro del conservador Movimiento Brasil Libre (MBL) y afiliado al partido Demócratas, ha propuesto un proyecto de ley que determina una serie de requerimientos para que las mujeres –sobre todo las que han sido violadas– puedan interrumpir voluntariamente el embarazo en la sanidad pública municipal.

Los ultraconservadores del Partido Social Liberal de Bolsonaro, la segunda mayor bancada de la Cámara, hacen experimentos con el tema para ver la reacción de la opinión pública. El diputado federal Márcio Labre, del partido del presidente, presentó un proyecto de ley que prohíbe el aborto menos en el caso de que la salud de la madre corra peligro, reduciendo las conquistas ya alcanzadas. El mismo diputado presentó otro texto que clasificaba anticonceptivos como el DIU, la minipíldora y la píldora del día después como “microabortivos” y prohibía su comercialización y distribución en la sanidad pública. La repercusión negativa provocó que retirara el proyecto.

Aunque no es probable que la medida de Holiday se apruebe en la Cámara de São Paulo, existe riesgo de “infundir el pánico, haciendo que muchas mujeres tengan miedo de que se les denuncie u hospitalice” en un país que registra más de mil 300 casos de violación al día. El impacto potencial no es trivial: un estudio de la ONG Artículo 19 muestra que, de los 176 hospitales públicos brasileños, solo 76 (el 43%) dicen que realizan abortos en los casos previstos por la ley.

Tal situación ha llevado al Ministerio Público Federal y a la Asociación Brasileña de Agencias de Publicidad a realizar la campaña “Ley del Minuto Después” para explicar los derechos de las víctimas de violencia sexual. “La información sobre el aborto legal es irrisoria, muchas mujeres no saben que tienen el derecho de hacerlo. Ningún Gobierno brasileño ha avanzado en este tema, ya sea de izquierda o de derecha”, afirma Paula de Souza, abogada de oficio del Núcleo Especializado de Promoción y Defensa de los Derechos de la Mujer (NUDEM) de São Paulo.

El concejal garantiza que sustituirá la obligación de tener una autorización por la de haber realizado la denuncia de la violación. “Es lo mínimo que podría exigírsele a alguien que ha sido violada”, afirma, aunque no exista esa exigencia por ley. Incluso con ese cambio, la abogada de oficio Paula de Souza, no está de acuerdo con la posición del concejal. “El Ministerio de Sanidad dice expresamente en su norma técnica que la denuncia en una comisaría no tiene que ser una exigencia. ¿Por qué la palabra de una mujer tiene que ser validada por otro órgano?”, cuestiona. Además, al denunciar la violación, se abre automáticamente un proceso judicial.

“Las mujeres tienen derecho a no querer emprender una causa criminal. Los agresores están dentro de casa, principalmente cuando hablamos de adolescentes. Crear esa exigencia puede hacer que esas mujeres se callen, por miedo”, añade Souza.

El proyecto de ley determina que, una vez se tenga la autorización, la mujer debe, en el plazo de 15 días, someterse a “un asesoramiento psicológico para disuadirla de la idea de abortar”; “un asesoramiento psicosocial que le explique la posibilidad de dar al niño en adopción, en lugar de abortar”, “pruebas de imagen y sonido que demuestren que el feto tiene órganos vitales, funciones vitales y pulso”; y “una demostración de las técnicas abortivas, con explicaciones sobre la destrucción, el troceado y la succión del feto, así como la reacción del feto a tales medidas”. La abogada alerta que una intervención obligatoria con el objetivo de convencer es “contraria al código de ética de la profesión” y legitima una violencia practicada por parte del Estado.

El concejal garantiza que se refería a mujeres drogodependientes y sin techos que, bajo la influencia de sustancias, quieran abortar y, al impedírselo los profesionales de la sanidad pública, lo hagan ilegalmente. También asegura que el nuevo texto del proyecto especificará estos puntos. Sin embargo, Souza destaca que este artículo también “viola un código de ética de la medicina que determina la confidencialidad entre el paciente y su médico, que no debe transmitir información sobre él a ningún otro órgano”, y además “criminaliza a los drogodependientes” y a las personas socialmente vulnerables.

 

Con información de El País

https://elpais.com/sociedad/2019/07/03/actualidad/1562188525_244261.html

Con imagen de El País

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