26 Nov 2018/ Miscelanea

Editoriales independientes mexicanas penden de un hilo

Por UAM Cuajimalpa a las 04:11 pm


  • En estos últimos años el Gobierno saliente ha frenado el financiamiento del mundo editorial.

Históricamente el estado mexicano ha asumido el papel del primer y gran comprador de libros; pero en estos últimos años, el Gobierno saliente ha rebajado la financiación al mundo editorial. Esto ha arrinconado hasta casi la bancarrota a la red pública de librerías, estrangulando así un canal medular para las editoriales sin colchón multinacional y desnudando el problema estructural: la fragilidad de una industria excesivamente dependiente del dinero público. Esta industría está volcada en los libros educativos subvencionados, sin músculo exportador ni incentivos para la inversión privada.

Las editoriales mexicanas independientes están al borde de la asfixia porque su principal balón de oxígeno se ha ido desinflando. Para Sexto Piso, la editorial independiente más grande por facturación con 25 millones de pesos, este ha sido el año más duro desde que lograron hacer rentable el proyecto en 2005.

Las ventas gubernamentales llevan cayendo progresivamente desde inicio del sexenio priísta. De la frontera de 2012 y hasta 2016, últimos datos disponibles de la patronal editorial mexicana (Caniem), el recorte ha sido de 42 por ciento. Pese al desplome, aún supone en el volumen de ventas total casi una tercera parte, por encima de librerías y escuelas.

El mapa de librerías, otra de las demandas crónicas de la industria, es escaso y nada proporcional. Son unas 500 en un país de 130 millones y están concentradas en las grandes ciudades: el 94 por ciento de los municipios mexicanos no tiene donde comparar libros.

En este paisaje repleto de nubarrones, el caso sangrante es el de Educal, una empresa pública que nació con el objetivo precisamente de compensar el déficit privado y extender la red de librerías por la república. Actualmente 82 establecimientos, una red de distribución clave para los pequeños editores.

La dirección de Educal se plantea, de acuerdo al mismo documento, echar el cierre a la mitad de sus librerías en caso de no conseguir más financiación del nuevo Gobierno. Fuentes de la empresa han declinado hacer declaraciones, aduciendo que están negociando una salida de supervivencia con el nuevo Gobierno, que recientemente ha tenido idea de fusionar Educal con el portaviones editorial del Fondo de Cultura Económica (FCE), sobre cuya red de librerías también planean críticas por retrasos en los pagos.

La situación de Educal es mucho más límite. La deuda con proveedores prácticamente se come el presupuesto entero de este último año, 48 millones, una cifra que ha ido menguando rotundamente desde la entrada del PRI. La última gran partida fue en 2012, con 484 millones. Y aquel balón de oxígeno tenía truco. Estaba inflado con otra de las mangueras de apoyo público al libro: los programas de bibliotecas y escuelas.

Los libros de educación básica son los más vendidos en el país, más de la mitad comprados por el Gobierno. Además, la Secretaría Educación Púbica lleva años liderando un proyecto paralelo de compra a las editoriales mediante concursos de libros didácticos no necesariamente de texto. “Antes entrabas con cinco libros al año y te salvaba el ejercicio. Podía suponer más del 80 por ciento de los ingresos”, apunta Deborah Holtz, veterana editora al frente de Trilce, con 16 años de carrera. “Si se paran las compras públicas, no existe nada. No tenemos vías de financiación. Estamos en peligro de extinción, ya casi no editamos. Hemos pasado de hacer 15 a 6 libros al año”.

Almadia, otra de las grandes independientes, recuerda que estos programas educativos les ayudaron a despegar en 2008, cuando les compraron más 100 mil ejemplares de un solo libro.  Las librerías públicas —Educal y FCE— han llegado a representar al menos 30 por ciento de la facturación de las editoriales independientes.

Al sumar los programas adicionales, el Estado solía convertirse en el primer comprador. Otra de esas palancas, el programa de ediciones de la Secretaría de Cultura, también se ha visto mermado. Las editoriales denuncian que han pasado de tres títulos a uno en los últimos años. Desde el área responsable del programa, la Dirección General de Publicaciones (DGP), su directora Marina Núñez, sostiene que “en el 2017 sí cayó mucho el presupuesto, como en otros programas, pero este año se trata más bien de que con los mismos recursos se alimentan otros programa”.

La DGP es otro de los organismos que están en el aire ante una posible fusión de dependencias por parte del nuevo Gobierno. Entre los apuntes más repetidos de las editoriales están la implementación de la ley del libro, con sanciones para quien se salte el precio único, impulsos a la inversión privada vía beneficios fiscales como en otras industrias como el cine, o el impulso a la exportación que apenas supone el siete por ciento de la facturación total del segundo mercado más grande de Latinoamérica.

Con información de El País

https://elpais.com/cultura/2018/11/26/actualidad/1543202977_180507.html

Con imagen de El País

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