El Estado cerró los ojos y convirtió a niños y jóvenes en botín de criminales: Especialistas
Por UAM Cuajimalpa a las 09:05 pm
Juan Manuel empuñó una pistola calibre 9 milímetros y disparó a matar contra Lorena Montiel Ramírez, una agente de tránsito que dirigía el tráfico en Pesquería, Nuevo León, el pasado 22 de abril. Tras asestar cuatro tiros a su víctima de 27 años, corrió y huyó a bordo de una motocicleta; horas después fue detenido como el autor del homicidio. Juan tiene sólo 16 años de edad.
El joven, apodado “El Meme”, habría cometido el crimen por 150 dólares que le pagó presuntamente el Cártel de Noreste –grupo delincuencial surgido tras la división de Los Zetas– para amedrentar y presionar a la Policía de Nuevo León en un intento de que no interfiera en sus operaciones criminales dentro de la zona, de acuerdo con un reporte de Breitbart News.
Cristian Roberto “N”, alias “El Chato”, fue quien presuntamente trasladó a Juan hasta la víctima, le entregó el arma y ordenó el asesinato. “El Meme” fue vinculado proceso e ingresado al Centro de Internamiento para Adolescentes Infractores, donde se enfrentará a un juicio y a una pena máxima de cinco años de internamiento.
Juan Manuel ahora es parte de un universo de adolescentes que en teoría tienen derecho a una justicia restaurativa que brinde tratamiento eficiente para su readaptación y su efectiva reincorporación a la sociedad, como lo estipula la Ley, pero en la práctica no existe esa política de tratamiento y reinserción para este grupo de jóvenes.
Activistas y especialistas en seguridad han denunciado que el Estado mexicano ha mantenido en desprotección a niñas, niños y adolescentes, sin programas preventivos que vayan de fondo e involucren al entorno para evitar que sean reclutados por el crimen.
Los expertos también comentaron que el número de menores procesados jurídicamente se ha mantenido “estable”; sin embargo, alertaron que el riesgo de reincidencia tras compurgar su pena es alto porque no existen programas restaurativos eficientes.
En México, se estima que al menos 5 mil 888 adolescentes han sido identificados, registrados y/o procesados en causas penales; es decir, porque cometieron algún tipo de delito, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2018.
De ese total, el 28 por ciento está en un rango de edad entre los 17 y casi 18 años; el 17 por ciento, de 16 años; 10 por ciento, 15 años; 5 por ciento, 14 años; 2 por ciento, 13 años y el 1 por ciento, 12 años; del 37 por ciento restante no se especificó la edad.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), comentó que del total de niños y niñas vinculados a una carpeta de investigación, alrededor del 35 por ciento son por crímenes de alto impacto y son estos últimos los únicos que pueden ser privados de la libertad.
El 16 de junio de 2016 entró en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes la cual establece que sólo los menores que hayan cometido delitos realmente graves y de alto impacto –homicidio doloso, feminicidio, homicidio, secuestro, delitos federales– podrán ser recluidos a un centro de readaptación. “Eso significa que el 65 por ciento de los menores procesados tienen medidas socio-educativas; es decir, que pasan su proceso en libertad”, explicó Pérez García.
La CNDH explicó que las niñas captadas por la delincuencia organizada se pueden ver afectadas de distinto forma que los niños. “Las niñas generalmente son víctimas de violencia sexual y de género. Muchas son forzadas a mantener relaciones con integrantes de los grupos criminales, son abusadas sexualmente, tratadas y explotadas con fines sexuales”.
El organismo también señaló que los niños y los adolescentes dentro de las estructuras criminales son sólo utilizados y abusados porque los consideran piezas prescindibles e intercambiables, “el último eslabón de la cadena”, y por ese motivo les asignan actividades de mayor riesgo para su integridad o de ser detenidos por la policía.
Los especialistas coincidieron en que mientras no haya programas sociales, políticas integrales, oportunidades labores, programas o campañas que tiendan a disminuir los estigmas a esta población, no habrá posibilidades para la óptima reinserción de los menores.
Con información de Sin Embargo
https://www.sinembargo.mx/25-05-2019/3584704
Con imagen de Sin Embargo