Expertos designados por Almagro reúnen evidencias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Por UAM Cuajimalpa a las 12:05 pm
- El reporte carece de valor jurídico; no es más que una farsa mediática, responde Caracas.
Existen fundamentos para denunciar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, así lo expresó un grupo de expertos internacionales convocados por Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). De acuerdo con el diplomático uruguayo, desde 2014 se han cometido este tipo de crímenes en aquella nación, por lo que recomendó enviar la evidencia a la Corte Penal Internacional (CPI).
Aunque se desconocen los criterios con los que fueron electos, los juristas Manuel Ventura Robles, de Costa Rica; Santiago Cantón, de Argentina e Irwin Cotler, de Canadá, realizaron una investigación sobre derechos humanos en Venezuela. El grupo documentó 131 asesinatos atribuidos a fuerzas de seguridad o grupos civiles armados pro gubernamentales, conocidos como colectivos, durante las multitudinarias protestas de 2014 y 2017.
Además, identificaron más de ocho mil ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2015; mientras que en las elecciones presidenciales de 2013 contabilizaron poco más de 12 mil detenciones arbitrarias, mil 300 de esas detenciones terminaron en políticos presos.
A finales de 2017, los expertos realizaron cinco audiencias en la sede de la OEA, en las que escucharon testimonios de 26 testigos. Además, recogieron documentos provenientes de víctimas y más de 40 ONG.
El grupo coincidió en señalar que la CPI debería investigar la responsabilidad individual de 11 miembros del gobierno venezolano, entre ellos el presidente, Nicolás Maduro; el vicepresidente, Tareck El Aissami; el canciller, Jorge Arreaza; el vicepresidente para el Desarrollo Social, Elías Jaua; el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, entre otros.
“Son los responsables de todos los actos sistemáticos generalizados de represión y persecución, como las detenciones masivas, las desapariciones forzadas, los asesinatos, las torturas, las violaciones y otros actos de violencia sexual, y la persecución, cometidos por sus subalternos a través de toda la cadena de mando civil y militar”, apunta el informe de 400 páginas.
El secretario de la OEA expresó que “solamente puede haber justicia si se juzga a los más altos responsables”. Venezuela puede ser denunciada ante la CPI porque es uno de los países que ratificaron el Estatuto de Roma, con el que nació la corte, que empezó a operar en 2003. Pero la OEA como institución no puede presentar una denuncia que abra una investigación de la fiscalía en La Haya.
“El documento carece de valor jurídico, pues emana de una autoridad usurpada. El secretario general se arroga una atribución que ni la propia OEA tiene, como es la de ser una instancia judicial. No es más que una grotesca farsa mediática”, indicó la misión permanente de Venezuela ante el organismo hemisférico en un comunicado.
Con información de La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/30/mundo/025n1mun
Con imagen de La Jornada