23 Nov 2020/ Miscelanea

México emprende una cruzada contra el 'outsourcing'

Por UAM Cuajimalpa a las 02:11 pm


Isabella Cota

Como empleada del Gobierno de México, Ana —quien ha dado su testimonio a condición de mantener el anonimato— tenía responsabilidades serias: su trabajo consistía en documentar el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas y debía manejar información delicada, una tarea para la cual se especializó y capacitó más allá de tener dos licenciaturas y una maestría. Sin embargo, sobre el papel, su empleador no era el Gobierno federal, sino una empresa de subcontratación que cambiaba de nombre con regularidad. Ganaba 24 mil pesos al mes y, con cada cambio de nombre de su empleador, cambiaban también sus prestaciones sociales y garantías laborales.

“Un día nos quitaron la computadora, como si nos estuvieran corriendo pero sin decirnos nada, y al otro día ya nos dicen que estábamos en plan de outsourcing”, recuerda la exfuncionaria, que prefiere no revelar su nombre real por miedo a represalias. De acuerdo con expertos, México es el único país de habla hispana que utiliza los términos outsourcing y subcontratación de manera intercambiable, para referirse por igual a la prestación de un servicio, un empleo temporal o un trabajo de agencia. Ana trabajó para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) desde 2015 hasta inicios de este año, cuando la dependencia cambió de dirección. “Llegó la nueva comisionada, llegó la gente de la nueva comisionada y despidió a toda mi área, incluida yo: de 14 a 15 personas. No nos dieron nada, simplemente nos sacaron y ya no nos dejaron entrar. Después nos hablaban los de la empresa de outsourcing con amenazas para que fuéramos a firmar la renuncia”, cuenta Ana.

“Y pues así termina, porque el final no tienes con quién ir a discutir, a pelear tus derechos. Porque la empresa cada año cambia el nombre”, cuenta. Hasta hoy, Ana permanece desempleada.

Estas son las malas prácticas a las que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere poner fin. A mediados de noviembre, el mandatario envió al congreso una iniciativa que reformaría varias leyes y criminalizaría la subcontratación en casi todas sus modalidades, tanto en el sector público como el privado. Esto ha desatado una discusión incómoda y pendiente desde hace mucho tiempo sobre la precariedad y los abusos en el mercado laboral mexicano, que limitan el potencial de la segunda economía de América Latina. Se espera que la iniciativa se apruebe en el Congreso en las próximas semanas y antes del inicio del 2021.

El momento es, sin duda, arriesgado. La pérdida de empleos a nivel global por causa de la pandemia ha sido masiva y los Gobiernos en todo el mundo están buscando la manera de preservar fuentes de trabajo a través de distintas fórmulas de flexibilidad. México, por su parte, busca endurecer las reglas del mercado laboral de un modo tan radical que, según empresarios y críticos de la iniciativa, puede llegar a destruir fuentes de trabajo legítimas en su intento por acabar con malas prácticas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social asegura que en el país hay poco más de cuatro millones y medio de personas subcontratadas. Muchas de ellas son parte de la economía informal, ya que no están registradas en el instituto de seguridad social. Otras tantas figuran pero con un subregistro, ya que los empleadores reportan un salario mucho menor del que reciben realmente para evadir impuestos.

La nueva iniciativa de ley en contra de la subcontratación tiene a abogados y analistas haciendo sonar las alarmas del daño económico que podría causar al país si llega a ser aprobada. En el mejor de los casos, sostienen, la ley empujará a los subcontratados a la informalidad; y, en el peor de los casos, al desempleo. Para algunos empresarios, la ley está diseñada para darle al Gobierno un arma más para presionar al sector privado. Pero para muchos mexicanos que han visto sus derechos laborales y sus planes de retiro vulnerados, la iniciativa es necesaria.

En México, el 57 por ciento de la economía es informal y durante la pandemia más de cuatro millones personas han perdido su fuente de ingresos, formal o informal. En algunas partes del país los salarios que se pagan son menores a los de China e incluso de algunos países centroamericanos. Algunos expertos sugieren que la iniciativa empujará a millones más a la informalidad, sino al desempleo.

“No creemos que eso vaya a suceder”, dice la secretaria de Trabajo María Luisa Alcalde: “No es que estemos endureciendo el mercado laboral, lo que estamos haciendo es hacer respetar la ley, precisamente que se respeten los derechos de los trabajadores que están establecidos hoy en nuestras leyes. No me parece que se valga hoy decir que se va a despedir a los trabajadores porque yo no puedo pagar las responsabilidades que ya establecía las leyes laborales de décadas”.

“Lejos de traer desempleo, va a ir construyendo un mercado laboral más equitativo, más justo, pero también más productivo”, asegura la funcionaria.

Sin embargo, también existen otras objeciones. Por ejemplo, las de empresarios que recurren a empresas de gestión de recuersos humanos. Un cliente de Manpower es Armando Santacruz, director general de la empresa de materias primas Grupo Pochteca. Santacruz explica cómo el número de trabajadores que su empresa necesita fluctúa durante un año, por lo que recurre a la agencia de empleo con regularidad. Por ejemplo, ante una auditoría tributaria, Pochteca necesita de manera temporal un grupo grande de contadores. “Yo no tengo la capacidad de reclutar 30 personas en cuatro días y Manpower sí, porque a eso se dedican”, dice el empresario por teléfono desde Ciudad de México. “Ahora nos vamos a tener que voltear de cabeza”.

“Muchas de estas medidas me parece que surgen de la cabeza de gentes que en su vida han pagado una nómina, que se han dedicado toda su vida, como decimos en México, a la grilla, que tienen una desconexión profunda con la forma de operación de la economía real y que tienen sus preconcepciones de qué es y qué no es y no están dispuestos a escuchar a los que están metidos en la alberca, a los que les pueden decir si el agua está fría o caliente”, dice Santacruz: “Si tú hablas desde afuera en la alberca, no sabes que temperatura tiene el agua”.

“Estas leyes a lo que están llevando es a que el gobierno te pueda extorsionar, ya no tiene que ver si realmente debes o no debes el dinero”, “sostiene Santacruz. “Ellos, con la posibilidad de prisión preventiva oficiosa ante la simple acusación, te pueden meter a la cárcel, te pueden congelar tus cuentas y te pueden aplicar la extinción de dominio… Eso se presta para que el gobierno pueda dedicarse a recaudar a base de amenazar con cárcel a todo mundo”.

 

Con información de El País

https://elpais.com/mexico/2020-11-22/mexico-emprende-una-guerra-indiscriminada-contra-el-outsourcing.html

Imagen tomada de El País

https://elpais.com/mexico/2020-11-22/mexico-emprende-una-guerra-indiscriminada-contra-el-outsourcing.html


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