Puebla capital, la ciudad donde niños y niñas desaparecen
Por UAM Cuajimalpa a las 09:05 pm
El 65% de menores de edad que desaparecen en el municipio de Puebla son mujeres; la trata es la principal razón, coinciden organizaciones civiles.
Aranzazú Ayala / Román Huerta
Victoria Rosales no sabía cuántas adolescentes estaban desaparecidas en Puebla y se vino a enterar de la peor manera: cuando desapareció su hija Nadia, a los 17 años, la mañana del viernes 27 de octubre de 2017.
Ese día, como cualquier otro, la acompañó hasta la parada de la Ruta 5, a unas calles de su casa en la colonia Lomas de San Miguel, al sur de la ciudad. La vio subirse al microbús y se despidió de ella. A las 2:30pm Nadia debía regresar de la escuela, pero eso ya no sucedió. Y ahí, dice Victoria Rosales, empezó el calvario.
El año en que desapareció Nadia, la capital del estado de Puebla ocupó el segundo lugar nacional en desaparición de niñas, niños y adolescentes. Las cosas no han mejorado desde entonces, e incluso la situación ya era grave desde antes: la desaparición de menores de edad no es un asunto nuevo, aunque sigue siendo un problema poco conocido.
Desde 2012 y hasta 2018, Puebla fue el segundo municipio en todo el país con más desapariciones de este grupo poblacional (de 0 a 17 años), de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), con base en los datos oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped).
Para 2019 la ciudad se convirtió en primer lugar nacional; ese año desaparecieron 389 menores de edad, o al menos ese fue el número de Carpetas de Investigación (CDI) que se abrieron por el delito de desaparición. En 2020 la entidad ocupó el tercer lugar nacional con más menores desaparecidos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Si bien todas las desapariciones son alarmantes, las de niñas, niños y adolescentes tienen que ser investigadas de manera particular, pues por su edad y la etapa del desarrollo en que se encuentran merecen una protección integral, explica en entrevista, Juan Martín Pérez García, hoy ex director de la Redim (su gestión concluyó hace unos días, el 14 de mayo), así que cualquier interrupción o afectación que sufran puede impactar negativamente en su proyecto de vida.
Por ejemplo, agrega, a diferencia de las personas adultas que pueden “decidir ausentarse, las personas menores de edad no deben quedar sin protección de su red familiar y tutores legales”, ya que son “vulnerables al poder adulto” y pueden convertirse en “objetos de venta” para fines de explotación sexual y/o laboral, o adopciones ilegales, entre otras. Es por eso que el Estado tiene la obligación de protegerles totalmente.
Un dato más para tomarse en cuenta y dimensionar el problema: en Puebla el 65% de quienes siguen sin localizarse son mujeres, o más bien niñas y adolescentes, como Nadia, a cuya familia le han reportado más de una vez haberla visto en zonas de prostitución en otros estados, pero “la Fiscalía no ha hecho nada”. A casi tres años y medio, la investigación tiene pobres avances.
Han pasado tres años y medio desde la desaparición de Nadia Guadalupe, y todavía no existe una Alerta Amber con su nombre. Apenas hace ocho meses, el nuevo investigador -lo han cambiado cinco veces- que la Fiscalía General del Estado (FGE) asignó para investigar el caso, comenzó a girar los oficios de colaboración al resto de las entidades federativas para solicitar apoyo con la búsqueda.
La puntualización es necesaria: a la Fiscalía le tomó más de 3 años enviar unos oficios. Además, a la fecha su familia aún desconoce por qué nunca emitieron la Alerta Amber. Victoria Rosales recuerda que el Ministerio Público le dijo que Nadia “no corría peligro” porque “no tenía el perfil para la trata de personas”.
Si bien la Alerta Amber es un mecanismo de jurisdicción estatal, cuando desaparece una persona menor de edad las autoridades están obligadas a emitirla de inmediato, porque con ello se difunde una ficha de búsqueda a nivel nacional y se activa la colaboración entre todos los estados de la República.
Pero en Puebla, aunque es una de las entidades donde hay más niñas y niños desaparecidos, este mecanismo no siempre se aplica. De acuerdo con los datos difundidos por la Comisión Nacional de Búsqueda en su informe de abril 2021, Puebla es una de las siete entidades donde se concentra el 62% de las desapariciones de niñas y adolescentes en el país. Y pese a ello, la Alerta Amber no siempre se emite.
En una revisión de la cuenta de Twitter de la FGE se encontraron sólo 28 Alertas Amber, correspondientes al mismo número de menores que desaparecieron en la ciudad de Puebla del 2015 al 2020, muy lejos de los 479 que aún no se localizan según la propia Fiscalía; es decir, apenas el 5.8 por ciento de los casos se publicaron en esa red social de la dependencia.
El Colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla” dijo que muchas veces la FGE no elabora los boletines de búsqueda, y tampoco lo sube a redes ni se difunde públicamente, argumentando la protección del interés superior del menor. De hecho el Colectivo tiene conocimiento de varios casos en los cuales las propias autoridades de la FGE recomiendan a los familiares que no se acerquen a medios ni a colectivos, porque “van a entorpecer el caso y poner en riesgo a la persona”.
Pero interponer la Alerta Amber por sí sola tampoco es la panacea, lo sabe bien Teresa Vega, mamá de Rafael Huerta Vega, quien desapareció el 6 de octubre del 2020 a la edad de 12 años, en la colonia Playas del Sur supuestamente cuando iba a la tienda. Y aunque la denuncia por su desaparición se hizo el mismo día, la Alerta Amber se emitió hasta 3 o 4 días después.
Sin embargo, igual que el caso de Nadia, la investigación tampoco ha tenido avances significativos. Su mamá ni siquiera ha podido ver la Carpeta de Investigación pues se la han negado aduciendo que se trata de una “investigación privada”; tampoco le permitieron presentar una denuncia contra el padre de su hijo, con quien vivía el niño cuando sucedió la desaparición, para pedir que investiguen un presunto maltrato contra el menor.
Tanto Teresa Vega como Victoria Rosales coinciden en que la Fiscalía no sólo no hace su trabajo, sino que además los Ministerios Públicos las regañan, no les dan explicaciones, son groseros y les han lanzado acusaciones veladas de ser responsables en las desapariciones.
Y si en materia de localización las autoridades no han demostrado eficiencia, en prevención es aún peor. No hay alguna instancia de ningún nivel que tenga trabajo en ese sentido. La omisión no es menor si consideramos que, de acuerdo con la Redim, la desaparición de menores en el municipio de Puebla está vinculada sobre todo a la trata de personas y la explotación sexual.
La obligación de investigar las desapariciones y buscar a las personas desaparecidas, incluyendo por supuesto menores de edad, corresponde a la Fiscalía y al gobierno del estado, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda.
La Comisión Estatal de Búsqueda se creó en junio del 2019, como “un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobernación, con autonomía técnica y de gestión, encargada de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en el territorio poblano”, dice su página.
Sin embargo, la falta de un esfuerzo real por localizar a las personas desaparecidas en el estado se revela, de acuerdo con la presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez del Congreso del Estado, diputada panista con licencia y candidata al distrito local 09, Mónica Rodríguez Della Vecchia, en el hecho de que la Comisión Estatal de Búsqueda no ejerció 10 millones de pesos en 2020, y tuvieron que devolverse a la Federación.
Puebla fue uno de los 20 estados que, por no ejecutar un subsidio federal que ascendió a 248 millones 881 mil 652 pesos, tuvo que regresar su parte, 10 millones de pesos, a la Federación en 2019, justo el año en que la capital fue primer lugar nacional en desaparición de menores de edad.
LADO B buscó una entrevista con la Comisión Estatal de Búsqueda para saber si hay algún protocolo específico para búsqueda de menores de edad, y tener claridad sobre el tema del presupuesto. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
En la búsqueda hay otras instancias corresponsables, como los ayuntamientos que, de acuerdo con la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, deben garantizar, en conjunto con autoridades estatales, una investigación pronta, reparar el daño, conocer la verdad, proveer protección por parte del Estado, acceder a mecanismos de justicia y un acceso ágil, eficaz y transparente.
Tan solo en lo que va de este año, el Ayuntamiento de Puebla ha atendido 95 llamados para acompañamiento y búsqueda de personas por parte de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda.
De las niñas y los niños que siguen sin localizarse, 314 son mujeres (65%) y 165 hombres. El grupo de edad que más desaparece son personas menores de 15 años, después las de 16, las de 14 y las de 17. En cuanto a hombres la tendencia es igual, pues las edades en las que más desaparecen son de 14 a 17 años, aunque en mucho menor proporción.
El análisis de datos refleja que las mujeres son las más vulnerables ante las desapariciones, principalmente en la adolescencia, presumiblemente por ser potenciales y posibles víctimas de explotación sexual.
En 2018, la Asociación Nacional Contra la Trata Humana (ANTHUS) señaló que Puebla capital era primer lugar nacional en tráfico de menores.
Juan Martín Pérez García, integrante de la Redim, sostiene que la desaparición de niñas, niños y adolescentes está vinculada en su mayoría a la trata de personas con fines de explotación sexual y/o laboral. Según su análisis, esto sucede por la cercanía con el corredor Puebla-Tlaxcala, uno de los más famosos, si no es el que más, por la explotación sexual principalmente de mujeres, y sobre todo menores.
De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda del 8 de abril de 2021, el estado de Puebla está entre los primeros 7 lugares en desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
En 2019, el Congreso local aprobó la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, donde se plasmó, en primera instancia, el interés superior de la niñez para la toma de decisiones en torno a la asistencia, protección, ayuda inmediata, alojamiento y derecho a la verdad que las víctimas por delito de secuestro, desaparición forzada, trata de personas, tortura y otros tratos crueles han sufrido a lo largo de los años en la entidad.
Sin embargo, mamás, papás y familiares de niñas, niños y adolescentes han denunciado más de una vez que las autoridades no dan asistencia, ni seguimiento a los casos, y es por ello que se han tenido que vincular con organizaciones, o formar colectivos desde donde continúan sus búsquedas.
Con información de Pie de Página
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Imagen tomada de Pie de Página
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