Más del 90% de las denuncias por desaparición forzada quedan impunes

El Estado reconoce que existen miles de personas desaparecidas, pero no esclarece  cuántas de estas se han realizado por parte del Estado o por parte de particulares con su consentimiento.

Por Maribel Lozoya

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas–Derechos Humanos (ONU-DH), en México existen 95 mil casos de personas desaparecidas oficialmente, y cerca de 52 mil cuerpos más sin ser identificados. En noviembre de 2021, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) mostró su preocupación por la situación que atraviesa nuestro país.

Las desapariciones forzadas se han utilizado desde los años 70 como estrategia para infundir terror a integrantes de una comunidad y afectan a la sociedad en conjunto. Esta práctica se intensificó en México en 2006 cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra contra el narcotráfico, señaló Héctor Cerezo Contreras, coordinador del área de acompañamiento de la organización de Derechos Humanos y Comité Cerezo México.

Durante su participación en el taller presencial Desaparición forzada: derechos, búsqueda y memoria, realizado el pasado viernes —18 de marzo— en la unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el activista y defensor de Derechos Humanos, señaló que si bien, el Estado reconoce que existen miles de personas desaparecidas, no se ha dado a la tarea de clasificar cuántas de esas desapariciones se han realizado por parte del Estado o de particulares con el consentimiento del mismo.

Cerezo Contreras explicó que existen diferentes tipos de desaparición: La voluntaria, que ocurre cuando el sujeto decide por voluntad alejarse de su entorno. La desaparición por desastres naturales, la cual se declara cuando se pierde el paradero de una persona que estuvo en medio de un desastre natural, ya sea terremoto, deslave, huracán o bien algún tipo de accidente. Desaparición en contexto de guerras, se declara cuando, por un conflicto bélico se pierde el contacto de la persona.

Y la desaparición forzada, que generalmente ocurre a mano de servidores públicos, particulares, delincuencia común u organizada y se efectúa al momento en el que se priva la libertad a una persona con o sin consentimiento del Estado, desafortunadamente, en la gran mayoría de las ocasiones, en este tipo de desapariciones se le arrebata la vida a la víctima y su cuerpo es sepultado eliminando cualquier rastro.

El tallerista comentó que para determinar una desaparición como forzada, esta debe cumplir tres características:

1. La víctima es o fue arrestada, detenida, o trasladada contra su voluntad de manera legal o ilegal.
2. La detención o sustracción del individuo fue planeada, o efectuada por funcionarios del Estado o por particulares con consentimiento o aquiescencia del Estado, es decir, el consentimiento y/o apoyo del Estado.
3. Los perpetradores niegan el hecho, impiden o sesgan la información para que los familiares de las víctimas no puedan dar con su paradero.

“Si una desaparición reúne estas tres características, estamos hablando de una desaparición forzada. Lo anterior está estipulado en ‘La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas’, misma que entró en vigor en México a partir de 2012”, comentó Héctor Cerezo.

Refirió que en América Latina este tipo de desaparición se realiza bajo tres ejes principalmente: Contra insurgencia, disciplinamiento y control social, y flujo migratorio.

Asimismo, puntualizó que esta violación al derecho humano, es considerada como un crimen contra la humanidad o de lesa humanidad, el cual no prescribe, y en cualquier momento el culpable puede ser juzgado por este delito. Además, explicó que este delito es una grave violación de derecho humano, catalogado como pluri-ofensivo, debido a que no afecta solamente a la víctima, sino también a la familia, a la comunidad, y a la sociedad.

Y aunque desde 2014 existe un nuevo derecho humano universal “a no ser víctimas de desaparición forzada” en México más del 90% de los casos denunciados quedan en completa impunidad, esto, comentó el activista, también viola otros derechos que tienen las víctimas como: el derecho a la verdad, a la memoria, la justicia, la reparación integral del daño. “Pero, si no hay justicia no hay reparación del daño, es obligación del estado trabajar en leyes y políticas públicas para establecer medidas de no repetición” finalizó.

Por su parte, la activista Estrella Soria, especialista en medios digitales realizó un ejercicio con los asistentes en el que se presentaron de manera formal, como si se estuviera en una entrevista de trabajo; los participantes tenían que escribir en post it sus habilidades, conocimientos, etc. Después invitó a los asistentes a revisar la red social en la que más están presentes con la finalidad de reflexionar cómo se publicitan a través de las redes y en el entorno digital.

Puntualizó que la forma en cómo se concibe a una persona, no está limitada solamente a la manera en la que las personas se dirigen o comportan, sino que también se toman en cuenta los entornos digitales, es decir, todo aquello bueno o malo que se pueda encontrar de las personas a través de internet.

“Aunque lo hagamos de diferentes cuentas, se vincula porque los dispositivos digitales hacen referencia en tu actuar en los entornos digitales, es decir lo que se publica, comparte e inclusive las búsquedas se vinculan en los dispositivos, y esto es una condición del uso de las tecnologías”, expresó la especialista en alfabetización digital.

Soria dijo que en muchas ocasiones los usuarios no se detienen a leer los términos y condiciones de uso de uso de información de las aplicaciones o redes sociales, es decir, el uso de datos que el usuario proporciona, así como la temporalidad de dichos datos.

Ambos activistas coincidieron en la importancia de la creación de espacios dentro de las universidades como un punto de encuentro para la reflexión sobre las desapariciones forzadas, así como espacios de articulación social que brinden herramientas y el conocimiento necesario para exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones.