Jornaleras: Trabajar el campo para mantener a la familia

Por Lourdes Chávez

En la carretera de La Montaña de Guerrero se abre paso Ayotzinapa, comunidad jornalera agrícola náhuatl. Además de cortar jitomate, las y los trabajadores cosechan verduras orientales, consideradas exóticas de diciembre a mayo, aunque la época de empleo en el campo puede empezar desde octubre.

En la comunidad, llaman la atención casas de concreto y tiendas de abarrotes bien surtidas en sus calles. Margarita Nemesio, coordinadora del área Derecho al Trabajo Decente en el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública AC (CECIG), dice que esto se explica gracias a las remesas que por décadas han enviado trabajadores de la agroindustria en campos del noreste del país.

El Avance en el Proyecto de Instauración del Salario Mínimo Profesional para Jornaleros Agrícolas, basado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó que en el segundo trimestre de 2019 había 2 millones 328 mil 411 personas jornaleras agrícolas equivalentes a 4.24 por ciento de la población total nacional ocupada y a 6.22 por ciento de la población subordinada y remunerada. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) estima que hay 323 mil mujeres jornaleras en México.

En algunas entidades y cultivos la participación de las mujeres jornaleras sube. La Casa del Jornalero en Tlapa tiene más de 15 mil registros. El Consejo de Jornaleros Agrícolas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documentaron en la región un promedio anual de 49.74 por ciento de mujeres migrantes internas temporales en 2020, desde niñas en brazos hasta adultas mayores.

Rocío, jornalera de Ayotzinapa desde los 12 años, mantiene junto con su esposo a sus tres hijas gracias a este trabajo.

“Imagínate, a veces yo me enfermo, no voy a trabajar, y ese día no voy a ganar. Nada más con él, cobrando 900 o mil pesos a la semana, no alcanza”, cuenta en entrevista.

Pero, a diferencia de su marido, la jornada de Rocío comienza a las cuatro de la madrugada y termina muy noche debido a las labores domésticas y de cuidados que, además, no son remuneradas.

“A veces no nos dan guardería, no nos dan médico. Como yo tengo mis niñas, allá me alivié de ella —dice señalando a la mediana—, así que me la tuve que llevar cargando. Tienes que trabajar para mantener a tu familia, para ganar un poquito más”, relata sobre ser madre y jornalera.

Asegura que, en los meses de trabajo en el campo, las mujeres embarazadas prefieren no acudir a un hospital, “como no sabemos hablar bien el español, nos maltratan, nos humillan, no nos atienden como debe ser. Si tú vas a la cola te dicen que te esperes tres, cuatro horas y no te hacen caso, vienen pasando los que traen zapato, los que tienen corbata”.

Eneida viaja cada temporada agrícola a Ayotzinapa desde que se casó, hace 10 años, y ya no quiere volver, pero lo hace por la manutención de sus hijos, uno de ellos todavía no camina y tiene que cargarlo.

“Decían que se ganaba bien. Pensé que era fácil, y es difícil, es mucho trabajo en el puro lodo. Si cortas mal, tiran toda la planta, y no te pagan”, lamenta en entrevista.

A niñas y niños, hay que despertarlos a las cuatro de la mañana para llevarlos a la estancia. Pero quienes no tienen contrato con empresas internacionales no tienen sitios para dejarlos; aun así, hay jornaleras que prefieren trabajar por su cuenta.

Guadalupe destaca que no se compara el trabajo en la milpa familiar con la agroexportación.

“Aquí para sembrar maíz, frijol, calabaza es un ratito; dos o tres horas cuando toca (aplicar) el fertilizante. Allá es todo el día, toda la semana”.

Guadalupe es cortadora de planta y especialista en el manejo de frutos y verduras orientales hasta el empaque.

“Mi papá empezó a llevarnos como a los 18 años. (En el surco) trabajan igual las mujeres que los hombres”, relata en entrevista la joven madre que desde 2006 migra para trabajar el campo con su familia de 12 integrantes, donde nueve son mujeres. En este sentido, la FAO indica que entre 30 y 40 por ciento de la población de jornaleras está constituida por personas migrantes que viajan en familia. Además, 24 por ciento de esta población son personas indígenas.

Este 19 de octubre, el gobierno del Oaxaca, expulsor de mano jornalera, y Jalisco, receptor, firmarán un pacto de colaboración para articular las agendas de protección social de la población jornalera, con perspectiva de género y con enfoque intercultural, como parte de una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En entrevista, el coordinador del proyecto de Protección Social de la FAO México, Isaías Gómez Sánchez, sintetiza el pacto en cinco acciones estratégicas. La primera es generar los mecanismos de coordinación de los estados para lograr la igualdad laboral; la segunda, impulsar la vinculación entre el sector público y el privado para generar entornos de trabajo libres de violencia; la tercera, reclutamiento ético para que no se vulneren derechos; la cuarta, el acceso a los servicios públicos sin discriminación, con reconocimiento a una población que genera alimentos para todo el país; y la quinta, las procuradurías de Jalisco y Oaxaca están diseñando protocolos que atiendan de manera específica a este sector para que el empleo jornalero sea una opción más, no una necesidad.

Para construir la estrategia, el coordinador informó que los gobiernos estatales y la FAO analizaron el diagnóstico de violencia de género, condiciones laborales, de seguridad social y educación desde que las mujeres salen de sus lugares de origen, durante el tránsito y en el contexto laboral.

“Cuando acuden a las unidades de salud en los estados receptores son discriminadas, rechazadas, muchas son vistas como personas que vienen a usar servicios que no les corresponden”.

Así, identificaron que las empresas muchas veces no generan horarios diferenciados para las jornaleras, no siempre tienen dónde dejar a sus hijos y la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de cuidados recae sobre ellas.

“Estamos trabajando una agenda de derechos a la protección social de las jornaleras agrícolas, con un enfoque que surja también desde ellas”, explica Isaías Gómez Sánchez.

A la par, se trabaja en una red de promotoras de la protección social, con liderazgo comunitario, municipales y a nivel institucional, para capacitar a las y los funcionarios.

Por otra parte, Margarita Nemesio, del CECIG, recuerda que en 2014, la sociedad civil conformó la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas con trabajo en Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.

La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas ha identificado violencias en los servicios de salud pública hacia las mujeres, desde que no hay personal capacitado que entienda su lengua indígena hasta que por ser migrantes a las jornaleras se les recrimina que ocupen la atención médica de una entidad que no es la suya.

Por ello, la Red busca que, aunque no tengan seguridad social, puedan acceder a servicios médicos con intérpretes en sus lenguas originarias, un derecho al que Rocío, Eneida y Guadalupe no han tenido acceso.

*Rocío, Eneida y Guadalupe son nombres sin apellido para mantener la confidencialidad de sus datos personales.

Con información de Aristegui Noticias

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Imagen tomada de Aristegui Noticias

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