Por Ariadna García y Guadalupe Galván
La reimplementación de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés) convierte a México en un tercer país seguro, además de cómplice de la política estadounidense, de violación a los derechos humanos, señalan expertos. Otros ven un fracaso de la administración de Joe Biden y un avance mexicano, al lograr que sea un programa “más humano, en lo que cabe”.
El catedrático de la UNAM, Martín Iñiguez Ramos, señala que la aceptación de México de acoger a los solicitantes de asilo en el marco del programa, también conocido como Quédate en México, deja a esta nación como lo que se negó a ser en 2019, cuando el expresidente Donald Trump lo implementó: un tercer país seguro, solamente que sin recibir los recursos que Estados Unidos otorga para éste.
“Para allá va México, aunque diga que no. Hay caravanas de migrantes que no paran de salir con rumbo a México, lo que hace que el número de personas que buscan llegar a Estados Unidos cada vez es mayor y aquel país va a evitar a toda costa que se queden en su territorio”, mencionó.
En entrevista, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que el gobierno de Estados Unidos toma decisiones de manera unilateral, mismas que acepta la autoridad mexicana. “El problema es que hoy México se convierte en tercer país seguro pero sin recursos y eso es una tontería, porque a México le cae un problema frente al cual no tiene mucha capacidad para actuar”, indicó.
Uno de los mayores conflictos, subrayó, es la vulnerabilidad en la que caen los migrantes frente a la delincuencia organizada. Para todo ello el gobierno mexicano deberá crear una estrategia de protección, en conjunto con organismos internacionales.
Alejandra Macías, de la organización Asylum Access México, calificó la reimplementación de los MPP como algo muy negativo. “Cuando creímos que ya no podía venir algo peor, llega otra cosa mucho peor, no creímos que se fuera a implementar este programa nuevamente”, consideró.
Macías señaló al gobierno mexicano como un cómplice de Estados Unidos en busca de contener la migración irregular, pero en un marco de violación a los derechos humanos. “México dice que acepta por razones humanitarias, pero lo único que hace es convertirse en cómplice y se da pie a una violación masiva de los derechos humanos”, consideró.
Nada garantiza, agregó, que las personas que comiencen a enviar a México a partir del lunes próximo, van a tener seguridad, principalmente porque los mismos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional, han demostrado que no protegen los derechos humanos y tampoco brindan la protección que se requiere.
“Con esta situación, México exhibe que no tiene una política migratoria bien definida, que cambia su política migratoria a conveniencia y pone a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad”, mencionó.
El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), emitió un pronunciamiento en el cual manifestó que a pesar de que se anuncian nuevas medidas en la aplicación de los MPP, no hay forma de que se pueda convertir en un programa con visión de protección y humanitario.
“MPP viola la legislación nacional estadounidense, el derecho al debido proceso, el principio de no devolución, y rompe la promesa de la administración [del presidente estadounidense, Joe] Biden de eliminar las políticas que menoscaban el derecho al asilo en su país. Mientras que México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, decidió promover el reinicio de MPP a pesar de conocer las graves violaciones de derechos humanos en las cuales incurrió en el programa pasado, y de que viola la Constitución y los compromisos asumidos internacionalmente”, puntualizó.
Duncan Wood, vicepresidente de Estrategias y Nuevas Iniciativas en el Wilson Center, señaló que el restablecimiento de “Quédate en México” es “una gran derrota para la administración Biden que había intentado ponerle fin a principios de este año”. Ahora, dijo, habrá que ver “cómo los solicitantes de refugio son devueltos a México para esperar sus audiencias judiciales”.
El acuerdo, en todo caso, “da al gobierno de Biden un respiro en la frontera suroeste, y requerirá una mayor colaboración con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para garantizar que los migrantes que se queden en México estén seguros y protegidos de las amenazas sanitarias y del crimen organizado”.
Wood calificó de “un avance bienvenido” tanto para los solicitantes de asilo como para las comunidades que los acogen, “la promesa de Estados Unidos de vacunar a los migrantes, así como el compromiso de limitar su tiempo en el programa a un máximo de seis meses”.
Andrew Selee, presidente del Instituto de Políticas Migratorias, dijo al diario que su impresión es que “por ahora es un programa limitado, más enfocado en cumplir con el orden de la corte [estadounidense] que, en detener la migración, pero faltan muchos detalles por conocer aún”.
A la vez, consideró que los cambios introducidos representan un éxito para México. “El gobierno mexicano logró que fuera un programa más humano dentro de lo que cabe, pero hay que ver cómo funciona en práctica”.
Respecto de la promesa de Biden de que seguirá luchando por ponerle fin, expresó sus dudas de que lo consiga. “Creo que puede ser un proceso largo. Habrá apelaciones”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), criticó, vía Twitter, la reimplementación de “Quédate en México”. Es, aseguró, “una política ilegal y cruel. Esto es una catástrofe humanitaria. Los retoques de esta política no cambiarán el daño devastador que sufren miles de personas más que buscan asilo”.
Con información de El Universal
Imagen tomada de El Universal
